Las cifras recién publicadas de licitación oficial de obra pública en Cataluña
correspondientes a los nueve primeros meses de 2016 contradicen el discurso
victimista del gobierno catalán. El Estado está siendo de enero a septiembre de este año la primera administración inversora en Cataluña en obra pública con 240.2 millones de euros licitados, un 21% más que el gobierno autonómico (198.7 millones). Así se desprende de los datos de la Cámara oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).
El papel preponderante de la administración central en la inversión en infraestructuras en Cataluña tiene su plasmación más directa en el hecho que de las 10 principales obras públicas licitadas en Cataluña en 2016, ocho lo han sido por parte del gobierno central, solo una por el gobierno autonómico catalán y otra por una administración local (el ayuntamiento de Tarrasa).
La obra de mayor envergadura licitada en Cataluña entre enero y septiembre de 2016 ha sido la instalación de un nuevo syncrolift (sistema para elevar embarcaciones) en el Puerto de Barcelona, por parte del Ministerio de Fomento.
Destacan asimismo la licitación por parte también de Fomento del enlace de Vidreras (Gerona) en la Nacional-II y la realización de diversas obras de mejora, mantenimiento y explotación en carreteras de la demarcación de Tarragona como la N-240 y la N-340.
La inversión en infraestructuras no parece estar entre las prioridades del nuevo ejecutivo catalán encabezado por Puigdemont, quien ha rebajado sustancialmente la inversión en obra pública desde que tomó posesión de su cargo, a principios de año. De enero a septiembre de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la cantidad licitada en obras públicas en un 21% respecto al mismo periodo del año pasado.
La caída de la inversión en infraestructuras por el gobierno de Puigdemont agrava aún más la apatía inversora verificada durante los últimos trimestres en el gobierno catalán. Convivencia Cívica Catalana considera que la recurrente falta de inversión en infraestructuras del ejecutivo autonómico constituye un notable perjuicio para la economía de Cataluña y califica de sorprendente que una administración que invierte tan escasamente en obra pública acuse a otras administraciones de falta de inversión.
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