Las pensiones en las comunidades autónomas



http://files.convivenciacivica.org/Las pensiones en las autonomias.pdf
La Intervención General de la Seguridad Social ha publicado en este mes de noviembre de 2016 el desglose autonómico de sus ingresos y gastos para el último ejercicio finalizado, 2015.

La Comunidad de Madrid ha sido en 2015 la autonomía española con un mayor saldo positivo, de tal forma que los ingresos vía cotizaciones de los madrileños han superado a los gastos en pensiones en Madrid en 1.671 millones de euros. En números positivos, tras la Comunidad de Madrid, figuran Baleares (339 millones) y Canarias (333 millones).

En la situación opuesta, la comunidad más deficitaria de España para la Seguridad Social en 2015 ha sido Cataluña, con 3.193 millones de euros de déficit. Es decir, las cotizaciones sociales pagadas por los afiliados catalanes han sido insuficientes para pagar las pensiones sufragadas por la Seguridad Social en Cataluña. Le han seguido, también en números rojos, Andalucía (2.929 millones) y Galicia (2.387 millones).

La Seguridad Social es desde hace años significativamente deficitaria en Cataluña principalmente por 3 motivos:

1. El ratio fundamental para la sostenibilidad del sistema, es decir, la relación entre afiliaciones y pensiones, es en Cataluña de 1.98, inferior al resto de España (2.06).

2. La pensión media que paga el Estado a los pensionistas catalanes es más elevada (un 4%) que al resto de pensionistas españoles.

3. El número de pensionistas en Cataluña es sustancialmente superior al correspondiente a su población. En Cataluña reside sólo el 15.9% de la población española, pero, sin embargo, se cobran el 17.9% de todas las pensiones que paga el Estado.

Dado el déficit del sistema de la Seguridad Social en Cataluña debido a los factores mencionados, en una hipotética Cataluña separada del resto de España consideramos que las pensiones sufrirían una disminución del 15% si fueran sólo sufragadas con las cotizaciones de los afiliados catalanes y sin aportaciones de la Seguridad Social estatal. Ello significaría que la pensión media de un pensionista catalán bajaría en 144 euros mensuales.

El dosier de prensa del informe puede descargarse en este enlace.

La inversión en obra pública en Cataluña en 2016



http://files.convivenciacivica.org/La inversion en obra publica en Cataluña.pdfLas cifras recién publicadas de licitación oficial de obra pública en Cataluña correspondientes a los nueve primeros meses de 2016 contradicen el discurso victimista del gobierno catalán.

El Estado está siendo de enero a septiembre de este año la primera administración inversora en Cataluña en obra pública con 240.2 millones de euros licitados, un 21% más que el gobierno autonómico (198.7 millones). Así se desprende de los datos de la Cámara oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

El papel preponderante de la administración central en la inversión en infraestructuras en Cataluña tiene su plasmación más directa en el hecho que de las 10 principales obras públicas licitadas en Cataluña en 2016, ocho lo han sido por parte del gobierno central, solo una por el gobierno autonómico catalán y otra por una administración local (el ayuntamiento de Tarrasa).

La obra de mayor envergadura licitada en Cataluña entre enero y septiembre de 2016 ha sido la instalación de un nuevo syncrolift (sistema para elevar embarcaciones) en el Puerto de Barcelona, por parte del Ministerio de Fomento.

Destacan asimismo la licitación por parte también de Fomento del enlace de Vidreras (Gerona) en la Nacional-II y la realización de diversas obras de mejora, mantenimiento y explotación en carreteras de la demarcación de Tarragona como la N-240 y la N-340.

La inversión en infraestructuras no parece estar entre las prioridades del nuevo ejecutivo catalán encabezado por Puigdemont, quien ha rebajado sustancialmente la inversión en obra pública desde que tomó posesión de su cargo, a principios de año. De enero a septiembre de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la cantidad licitada en obras públicas en un 21% respecto al mismo periodo del año pasado.

La caída de la inversión en infraestructuras por el gobierno de Puigdemont agrava aún más la apatía inversora verificada durante los últimos trimestres en el gobierno catalán. Convivencia Cívica Catalana considera que la recurrente falta de inversión en infraestructuras del ejecutivo autonómico constituye un notable perjuicio para la economía de Cataluña y califica de sorprendente que una administración que invierte tan escasamente en obra pública acuse a otras administraciones de falta de inversión.

Puede consultarse el dosier de prensa en este enlace.

La inversión extranjera se desploma un 60% en Cataluña en 2016



http://files.convivenciacivica.org/Análisis de la inversion extranjera en Cataluña 2016.pdf
La inversión extranjera productiva ha sufrido en Cataluña una caída del 59.5% en el primer semestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, pasando de 2.613 millones de euros a 1.058 millones.

A nivel comparativo, la inversión extranjera productiva en el mismo espacio de tiempo en la Comunidad de Madrid ha ascendido a 3.425 millones de euros, triplicando la cifra invertida en Cataluña.

La caída cercana al 60% de la inversión foránea en Cataluña en el primer semestre de 2016 constituye un desplome histórico. Nunca antes se había constatado en un primer semestre una caída de tal magnitud en la inversión extranjera en Cataluña desde que se recopilan datos -año 1993-.

La disminución del interés por invertir en Cataluña en el primer semestre de 2016 ha sido general por parte de inversores procedentes de las principales áreas geográficas del mundo: Europa (-56%), América del Norte (-48%), Hispanoamérica (-92%) y Asia (-49%).

La caída de la inversión extranjera ha afectado a los principales sectores productivos de Cataluña tales como la industria de manufactura (-75%), las actividades inmobiliarias (-45%), la construcción (-58%), el comercio (-71%) y el sector financiero catalán (-69%).

El comportamiento de los inversores internacionales en Cataluña revela una significativa percepción de incertidumbre y riesgo, probablemente debida a la inestabilidad política derivada del proceso soberanista en Cataluña, a la que debe añadirse el impacto negativo de factores impositivos y regulatorios.

Cabe remarcar que la incapacidad del gobierno de Puigdemont para sacar adelante leyes, la dependencia de un grupo radical y anticapitalista como la CUP o los riesgos económicos y políticos inherentes a una hipotética secesión no son las mejores tarjetas de presentaciónpara atraer a nuevos inversores a Cataluña.


De hecho, desde finales de 2010, momento en el cual CiU tomó posesión del gobierno autonómico de Cataluña con mención expresa a una hipotética secesión, los inversores extranjeros han invertido en Cataluña menos de una tercera parte que en la Comunidad de Madrid, a pesar de que el PIB de ambas economías regionales es similar. En concreto, desde tal fecha la Comunidad de Madrid ha recibido 62.043 millones de euros de inversión extranjera, más del triple que los 19.426 millones de Cataluña.

Convivencia Cívica Catalana pide honestidad al gobierno catalán en los datos de inversión extranjera. En numerosas ocasiones el ejecutivo autonómico oculta las cifras oficiales del Ministerio cuando no le son favorables y publicita de forma marcadamente propagandística unas llamativas cifras de inversión extranjera de una fuente anglosajona, según las cuales la región de Barcelona figuraría prácticamente como la primera región de toda Europa continental en inversión extranjera, por delante incluso de París, Berlín, Madrid o Roma. Se trata de unos datos ciertamente sorprendentes que deben tomarse con cautela.

Los datos que facilita el gobierno catalán son cifras parciales –ya que no incorporan todos los tipos de inversión extranjera- y, además, incluyen inversiones anunciadas pero no realizadas que pueden o no llevarse a cabo.

En este sentido, remarcamos la importancia de que el gobierno catalán transmita a la opinión pública datos honestos y de inversiones realmente formalizadas, no de meros anuncios.

Para más información, el informe con todos los datos puede descargarse en este enlace.

Las lenguas en los comercios de Cataluña


http://files.convivenciacivica.org/Las lenguas en los comercios de Cataluña.pdf

El informe "Las lenguas en los comercios de Cataluña” analiza los usos lingüísticos en los comercios catalanes así como la influencia de la política de sanciones lingüísticas del gobierno autonómico.

Las polémicas multas lingüísticas han convertido el caso catalán en ciertamente anómalo. Cataluña es el único territorio del mundo en que los ciudadanos no pueden elegir libremente en qué lengua oficial rotulan su comercio. La administración autonómica no permite la libre elección lingüística de los comerciantes e impone multas a quien usa el castellano en vez del catalán, lo cual influye de forma determinante en la rotulación comercial.

De acuerdo a los últimos datos del propio gobierno catalán, sólo un 16% de comercios de Barcelona rotulan en español. Se trata de una cifra sorprendentemente baja si tenemos en cuenta que es la lengua habitual de más del 60% de barceloneses. Es obvio que, en condiciones normales, los comerciantes de Barcelona tenderían a rotular su negocio en el idioma de la mayoría de su clientela (la lengua española) e incluso a utilizar en mayor grado esta lengua por ser la que entenderían también clientes del resto de España y otras partes del mundo en Barcelona.

El uso tan limitado del español en la rotulación de los comercios barceloneses, cuatro veces por debajo de su presencia social, resulta anormal. No encuentra ninguna otra explicación que la presión ejercida por el nacionalismo en forma de una política de sanciones y multas lingüísticas a los comerciantes. De hecho, Barcelona es la única gran ciudad de todo el continente europeo en que la lengua de la mayoría de sus habitantes no es la lengua empleada en la mayoría de los rótulos de sus comercios. Así se desprende de las investigaciones sobre rotulación comercial efectuadas en Europa.

Pero si la situación del español en la rotulación comercial barcelonesa resulta llamativa, aún lo es más en otras ciudades catalanas. Según los datos del propio gobierno catalán, en Lérida la presencia de la lengua española ya se reduce a solo un 9% de los rótulos comerciales y en Gerona roza la marginalidad, con tan solo el 5% de los rótulos de la ciudad. Cualquiera que visite Lérida o Gerona puede comprobar que en muchas calles ya es prácticamente imposible encontrar un solo rótulo de comercio escrito en español.

Bajo la excusa de "proteger al catalán", el gobierno catalán pretende –y está consiguiendo- excluir el español del paisaje lingüístico comercial. Nos preguntamos qué tipo de "normalización lingüística" es esta en que la lengua mayoritaria de la sociedad se convierte en marginal en los comercios debido a una política de sanciones y multas. ¿Acaso es "normal" que la lengua del 60% de barceloneses apenas esté en los rótulos del 16% de comercios?

Convivencia Cívica Catalana constata un incremento de las sanciones por razón de lengua así como de las consultas de comerciantes sobre esta cuestión. En vista de ello ha decidido poner en marcha una campaña en los próximos meses de información y asesoramiento. Nuestra asociación defiende que los comerciantes utilicen la lengua que libremente deseen en sus tiendas y comercios sin multas, sanciones ni coacciones.

En el marco de esta campaña, Convivencia Cívica Catalana apelará a las instituciones nacionales y europeas a intervenir en Cataluña en favor de la libertad lingüística de ciudadanos y empresas frente a las políticas de imposición, sanción y multa del gobierno catalán. Europa no puede mirar para otro lado mientras en una región de ella se vulneran libertades fundamentales, derechos constitucionales y de la libre empresa.

El dosier de prensa del informe puede descargarse en este enlace.


English version (summary of the press release) can be downloaded here.