Informe 'Las inversiones en infraestructuras en España' 2006-2015



http://files.convivenciacivica.org/Las inversiones en infraestructuras en España.pdfEl informe “Las inversiones en infraestructuras en España” analiza la actuación en materia inversora del Ministerio de Fomento en la última década, entre los años 2006 y 2015.

Desde los años 80 España viene realizado un gran esfuerzo en inversión en infraestructuras que ha hecho posible su profunda transformación, convirtiéndola en un país competitivo. Mientras en 1985 el nivel de dotación de infraestructuras por habitante español no llegaba a la mitad del nivel medio de la Unión Europea (46.2%), treinta años después se ha duplicado, situándose en el entorno del 100%.

De 2006 a 2015 el Ministerio de Fomento ha adjudicado obra pública en España por un importe total de 51.273 millones de euros. El esfuerzo inversor del Estado se ha centrado en la última década en las infraestructuras de tipo ferroviario y, en particular, en la construcción de las líneas de alta velocidad (AVE). Ello se refleja en el hecho de que ADIF, el gestor español de las infraestructuras ferroviarias, ha aglutinando casi dos terceras partes (63.5%) de la obra pública adjudicada por las empresas de Fomento.

En cuanto a distribución territorial, Cataluña ha sido la autonomía más beneficiada en la última década por las adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento y sus empresas, con 8.283 millones de euros, el 17.8% del total adjudicado. Le siguen a continuación Andalucía, con el 17% y a mayor distancia Galicia (12.7%), Castilla y León (12.1%), la Comunidad Valenciana (9%) y la Comunidad de Madrid (5.4%).

Los datos de adjudicación de obra pública de la administración central desmienten, en consecuencia, la tesis de un supuesto agravio inversor contra Cataluña en beneficio de Madrid. En ningún año de la última década Madrid ha recibido más obra pública que Cataluña. Y en el cómputo global de 2006 a 2015, la obra pública adjudicada por el Ministerio de Fomento en Cataluña (8.283 millones) triplica a la recibida en la comunidad madrileña (2.514 millones).

El informe también analiza el modelo que sigue el gobierno federal de Alemania en la distribución de sus inversiones públicas entre sus regiones o länder con el objetivo de compararlo con el de España. Como conclusión más relevante puede destacarse que el gobierno alemán prioriza en la distribución regional de sus inversiones factores como la superficie o la población por encima del PIB.

Así, por ejemplo, en Renania del Norte-Westfalia, la potente región industrial que aporta más del 21.5% del PIB alemán, el gobierno federal tan solo invierte el 12.4% de su gasto en infraestructuras viarias. En Baviera, que representa casi el 18% del PIB germano, el estado solo invierte el 15.9% mientras Baden-Württemberg, responsable del 15.1% del PIB alemán, solo recibe el 10.3% de las inversiones.

Es oportuno recordar la exigencia del nacionalismo catalán al gobierno central de invertir en Cataluña en base a la aportación catalana al PIB nacional, obviando otros parámetros como la superficie o la población. El gobierno federal alemán no sigue esa 'regla' e invierte en las regiones con mayor PIB sustancialmente por debajo de ese nivel.

Cabe subrayar que las inversiones en líneas ferroviarias o carreteras tienen, por su propia naturaleza, una gran relación con la superficie de que dispone un territorio. Exigir que Cataluña tenga el 19% de las inversiones españolas en infraestructuras cuando solo tiene el 6% de la superficie de España no parece razonable. En el land alemán de Renania del Norte-Westfalia que aporta más del 21% del PIB germano, ningún dirigente político exige el 21% de las inversiones al gobierno federal sino que aceptan el 12%, conscientes de que la superficie renana es tan solo el 10% de la de Alemania.

Creemos que el gobierno catalán debería abandonar exigencias no realistas y asumir el pragmatismo y la sensatez de la política germana.

Puede descargarse el dosier de prensa en este enlace

Análisis del nuevo gobierno catalán de Puigdemont


http://files.convivenciacivica.org/Analisis del nuevo gobierno catalan.pdf

Carles Puigdemont fue investido como presidente del gobierno autonómico catalán el pasado 10 de enero. Transcurridos tres meses desde aquella fecha, la administración catalana ha publicado la información relativa a los altos cargos del nuevo ejecutivo.

El gobierno Puigdemont dispone de 376 altos cargos y directivos. El departamento con mayor número de cargos de alta responsabilidad es el de Presidencia, con 71, seguido por Salud (43) y la recién creada Vicepresidencia de Economía y Hacienda (40).

Se constata una notable desigualdad por género: dos de cada tres (65%) cargos de elevada responsabilidad del nuevo gobierno de Carles Puigdemont son ocupados por hombres y sólo el 35% restante por mujeres. Ello dista notablemente de las recomendaciones de equilibrio de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito político.

A nivel retributivo, la reciente información que ha publicado el gobierno catalán confirma el incremento de sueldo de Carles Puigdemont. Mientras su antecesor en el cargo, Artur Mas, cobraba 136.835 €, Puigdemont ha pasado a cobrar 145.470.78 €, es decir, un 6.3% más. Puede consultarse la información sobre el nuevo sueldo de Puigdemont publicada por el gobierno catalán en este enlace.

El coste para el contribuyente de los sueldos de los altos cargos y directivos del nuevo ejecutivo de Carles Puigdemont asciende a casi 30 millones de euros. La consejería más gravosa para los ciudadanos es la de Presidencia, con 5.4 millones de euros anuales.

Del análisis de las retribuciones se desprende también que 242 cargos del nuevo gobierno de Carles Puigdemont cobran más que Mariano Rajoy. El informe incluye la lista completa con nombres, apellidos, cargos y sueldo de cada uno de ellos.

Así, por citar algunos ejemplos, tienen sueldos superiores al de Mariano Rajoy Brauli Duart (139.650 euros) presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que incluye a TV3 y Catalunya Radio, Joan Jaume Oms (136.350 euros), presidente de Infraestructuras de la Generalitat, la antigua GISA o Joan Bellavista, gerente del Consorcio público Puerto de Mataró y que cobra 132.376 euros anuales.

También destacan por su sueldo los responsables de las oficinas de expresidentes de la Generalitat, Jordi Menéndez (de la de José Montilla) y Salvador Sarquella (de la de Pascual Maragall) a los que debe añadirse en esta legislatura Maria Reis Quinzaños, recién nombrada responsable de la Oficina del expresidente Artur Mas, con un sueldo de 98.354 euros anuales.

Llama también la atención la retribución del nuevo departamento de ‘Exteriores’, con nombres conocidos como los de Albert Royo, de Diplocat, organismo encargado de la “diplomacia catalana” y el “embajador” del Gobierno catalán ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj. Ambos cobran 81.433 euros, por encima de Mariano Rajoy.

Convivencia Cívica Catalana cree difícil de justificar ante los ciudadanos en un momento de recortes y ajustes en los servicios públicos esenciales las elevadas retribuciones que perciben los altos cargos y directivos de la administración catalana. Y, más aún, la anomalía de cobrar sustancialmente más que sus homólogos del Estado, cuyo ámbito de responsabilidad es notoriamente más amplio.

Resulta, sin duda, sorprendente que el gobierno catalán se lamente de padecer una supuesta “asfixia financiera” cuando sí dispone de dinero para que su élite política sea, con diferencia, la mejor pagada de toda España y una de las mejor pagadas de toda Europa.

Puede consultarse en estre enlace el dosier de prensa completo.

Las balanzas fiscales dentro de Cataluña

http://files.convivenciacivica.org/Estudio Las balanzas fiscales dentro de Cataluña.pdf

Es indudable que la cuestión de las balanzas fiscales se ha situado en el centro del debate político y económico desde hace algunos años en España, debido en buena medida a la acción del nacionalismo catalán.

Sin embargo, es sorprendente constatar cómo ese mismo nacionalismo, interesado en las balanzas fiscales dentro de España, ha obviado el cálculo de las balanzas fiscales dentro de Cataluña.

El presente estudio pretende completar ese significativo hueco y cuantificar las balanzas fiscales en el interior de Cataluña, es decir, los saldos fiscales de las cuatro provincias catalanas con el propio gobierno autonómico catalán. Los resultados que se muestran corresponden al último ejercicio con información disponible, año 2013.

La estimación de los saldos fiscales se ha efectuado de acuerdo al enfoque de “carga-beneficio”, obteniéndose como conclusión principal que la provincia de Barcelona sufre un notable déficit fiscal en Cataluña mientras las restantes tres, Gerona, Lérida y Tarragona, muestran un saldo de superávit fiscal.

Concretamente, la administración catalana obtiene de Barcelona el 82.3% de sus ingresos pero destina a esta demarcación sólo el 64.9% de sus gastos, resultando, como diferencia de ambas magnitudes, un déficit fiscal en términos relativos del 17.4%.

Ello significa que de cada 100€ que los barceloneses pagan en impuestos al gobierno catalán, 21€ no les retornan sino que el ejecutivo autonómico los destina a otros territorios. Tales cifras suponen, en términos relativos, que el gobierno catalán impone a la provincia de Barcelona un déficit fiscal más elevado que el de Cataluña dentro de España.

El cálculo de los saldos fiscales de las cuatro provincias catalanas, principal objetivo del presente estudio, se complementa con una estimación de los saldos fiscales también de las comarcas catalanas.

De las cuarenta y una comarcas de Cataluña, seis tienen déficit fiscal mientras treinta y cinco presentan un resultado de superávit fiscal. Las seis comarcas catalanas que muestran un saldo fiscal deficitario están situadas geográficamente en torno a la ciudad de Barcelona. Son, en concreto, el Barcelonés, el Vallés Occidental, el Bajo Llobregat, el Maresme, el Garraf y el Vallés Oriental. En estas comarcas, los ciudadanos y empresas pagan al gobierno catalán un porcentaje de ingresos superior al de gastos recibidos.

El caso más llamativo es el del Barcelonés (la comarca que incluye a localidades tan relevantes como la misma Barcelona, Hospitalet o Badalona).
Más de un tercio (34.5%) de los impuestos que pagan al gobierno catalán los ciudadanos y empresas de esta comarca, no les retornan ya que son destinados por el ejecutivo autonómico a otros territorios.

El estudio de las balanzas fiscales dentro de Cataluña pone de relieve que, como cabría esperar, el gobierno catalán ejerce una labor muy relevante de redistribución territorial y transferencia de flujos de solidaridad dentro de Cataluña, desde las zonas más industrializadas y dinámicas económicamente a las menos dinámicas, de manera similar al gobierno español dentro de España.

En este sentido, creemos desafortunado e incoherente que se califique de “expolio” o “maltrato fiscal” al trato de Cataluña dentro de España cuando el propio gobierno catalán está aplicando un trato fiscal similar o incluso más desfavorable a la provincia de Barcelona dentro de Cataluña.

Por último, apelamos al ejecutivo autonómico catalán a publicar anualmente las balanzas fiscales de las demarcaciones catalanas. No parece coherente reclamar transparencia para conocer los flujos fiscales dentro de España mientras se oculta esa misma información dentro de Cataluña.

Para más información, puede descargarse el dosier de prensa en este enlace.

Informe sobre el coste de los parlamentos autonómicos



http://files.convivenciacivica.org/El coste de los parlamentos autonómicos.pdf En la actualidad se contabilizan un total de 1.248 diputados autonómicos en España, que desarrollan su labor en los diecisiete parlamentos de las comunidades autónomas y en las dos asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla.

De acuerdo a la información disponible en sus presupuestos, los parlamentos autonómicos cuestan a los contribuyentes españoles 328 millones de euros. Entre las partidas de gasto de las cámaras autonómicas la más cuantiosa es la que hace referencia a gastos de personal. El pago de retribuciones en los diecisiete parlamentos autonómicos asciende en total a 181 millones de euros.

Entre las cámaras autonómicas destaca por su coste la de Cataluña, con un presupuesto de 51.9 millones de euros, seguida por la de Andalucía (38.4 millones) y el País Vasco (32.7 millones).

El coste del parlamento catalán llama la atención incluso comparativamente con las cámaras estatales. El gasto por parlamentario en la cámara catalana asciende a 188.000 euros anuales. Una cifra que supone un 85% más que el gasto por parlamentario del Congreso de los Diputados (101.600 euros) y más del doble que el del Senado (80.200 euros).

A este respecto, consideramos llamativo que una cámara autonómica cueste más a los contribuyentes que una cámara estatal, cuyo ámbito de gestión y responsabilidad es notoriamente más amplio.

El informe de Convivencia Cívica Catalana hace especial hincapié en uno de los aspectos más controvertidos en el coste de los parlamentos autonómicos en España: el de las ‘aportaciones’ a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la arbitrariedad de cada parlamento.

En este sentido, vuelve a destacar el parlamento autonómico catalán por sus aportaciones: la cámara catalana paga a los grupos políticos 116.600 euros por cada parlamentario, casi el triple que el resto de cámaras autonómicas (45.600 euros).

De hecho, la cámara autonómica catalana reparte más dinero entre los grupos parlamentarios que el Congreso y el Senado juntos. De acuerdo a los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, desde 2005 el Parlamento autonómico catalán ha destinado 146 millones de euros a pagar a los partidos políticos catalanes, mientras el Congreso de los Diputados ha dedicado 82 millones y el Senado 60 millones, sumando entre ambas cámaras 142 millones.

Resultan llamativas estas elevadas cantidades que se ‘auto-asignan’ los dirigentes políticos catalanes en beneficio de sus formaciones políticas en la cámara autonómica.  No deja de ser sorprendente que quienes se lamentan de carecer de recursos económicos y padecer 'asfixia financiera' sí dispongan de dinero para que sus partidos políticos sean con diferencia los mejor pagados de España en una sede parlamentaria.

Convivencia Cívica Catalana considera que los parlamentos autonómicos en España deberían realizar un esfuerzo por introducir medidas de racionalidad y austeridad así como una mayor objetividad en la asignación de gastos, especialmente en lo que se refiere a retribuciones de diputados y aportaciones a los grupos políticos.

Para más información puede descargarse el
dosier de prensa en este enlace.