Las pensiones en las autonomías

De acuerdo a las cifras publicadas por la Intervención General de la Seguridad Social, correspondientes a 2016, la Comunidad de Madrid es la autonomía española con un mayor saldo positivo para la Seguridad Social, de tal forma que los ingresos vía cotizaciones de los madrileños superan a los gastos en pensiones en Madrid en 1.527 millones de euros. En números positivos, tras Madrid, figuran Baleares (406 millones) y Canarias (320 millones). 

En la situación opuesta, la comunidad más deficitaria de España para la Seguridad Social es Cataluña, con 3.240 millones de euros de déficit. Es decir, las cotizaciones sociales pagadas por los afiliados catalanes son insuficientes para pagar las pensiones sufragadas por la Seguridad Social en Cataluña. Le siguen, también en números rojos, Andalucía (3.111 millones) y Galicia (2.528 millones).

A nivel provincial, la demarcación que provoca más números rojos a la Seguridad Social estatal es Barcelona, con 2.588 millones de euros de déficit, seguida por Asturias (2.327 millones) y Vizcaya (1.394 millones).

La Seguridad Social es desde hace años significativamente deficitaria en Cataluña principalmente por 3 motivos

1. El ratio fundamental para la sostenibilidad del sistema, es decir, la relación entre afiliaciones y pensiones, es en Cataluña de 2.01, inferior al resto de España (2.08). 

2. La pensión media que paga el Estado a los pensionistas catalanes es más elevada (un 4.6%) que al resto de pensionistas españoles.

3. El número de pensionistas en Cataluña es sustancialmente superior al correspondiente a su población. En Cataluña reside sólo el 16% de la población española, pero, sin embargo, se cobran el 17.9% de todas las pensiones que paga el Estado.

Dado el déficit del sistema de la Seguridad Social en Cataluña debido a los factores mencionados, en una hipotética Cataluña separada del resto de España las pensiones consideramos que sufrirían una disminución del 15% si fueran sólo sufragadas con las cotizaciones de los afiliados catalanes y sin aportaciones de la Seguridad Social estatal. Ello significaría que la pensión media de un pensionista catalán bajaría en 144 euros mensuales.

Puede consultarse el dosier de prensa del informe en este enlace.

Análisis socio-político del profesorado en Cataluña

El profesorado en Cataluña es un colectivo que presenta características socio-políticas diferenciadas respecto al resto de la población catalana, con opiniones políticas notablemente escoradas hacia el nacionalismo y además es muy militante en su defensa. Así se desprende del análisis de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llevado a cabo por Convivencia Cívica Catalana. 


Mientras entre el conjunto de ciudadanos catalanes, la opción mayoritaria de sentimiento de pertenencia es ’tan español como catalán’, entre los docentes la elección mayoritaria es ‘únicamente catalán’. De hecho, si se analizan los sentimientos de pertenencia por profesiones, la ocupación de Cataluña donde más personas se sienten ‘únicamente catalanes’ es la de profesores, con un 41%, el doble que la media de la población (21%). Le siguen los trabajadores agrícolas (31%) y los comerciantes propietarios de tiendas (30%), es decir, los ‘payeses’ y los ‘botiguers’.

El análisis de los datos del CIS permite también verificar que un 61% de profesores en Cataluña son favorables a la posibilidad de un estado independiente. El porcentaje es veintitrés puntos porcentuales superior a la media de la población catalana (38%). Los docentes aparecen de forma destacada como la ocupación en Cataluña más favorable al secesionismo.


El comportamiento electoral de los profesores catalanes también difiere sustancialmente de la media. El porcentaje de votos del profesorado catalán al PP no llega a un tercio de la media de la población catalana y al PSOE también es inferior en cinco puntos porcentuales. Por el contrario, los maestros catalanes votan a ERC en una proporción que duplica a la media de la población.

A nivel provincial, en todas las demarcaciones catalanas el porcentaje de apoyo al independentismo es notablemente superior entre los profesores que en el resto de la población. Destacan especialmente los profesores de secundaria. Así, el apoyo al secesionismo alcanza el 56% entre los docentes de secundaria en la demarcación de Barcelona, el 75% en Lérida y Tarragona y el 88% (casi 9 de cada 10 docentes) en Gerona.

De todo lo anterior cabe deducir que la educación de las nuevas generaciones de catalanes está en manos de un colectivo sustancialmente más nacionalista que la media de la población. Ello ayuda a entender numerosos episodios vividos en las últimas fechas en Cataluña como el apoyo de docentes al referéndum ilegal del 1 de octubre o a huelgas políticas que no han triunfado en otros sectores de la sociedad. 

El informe puede descargarse en este enlace

La aportación del resto de España a la economía catalana



El resto de España es, con diferencia, el mercado más importante de ventas de las empresas catalanas, cuadriplicando en volumen al siguiente cliente, Francia. Es obvio que las compras del resto de españoles generan en Cataluña notables réditos económicos, desde beneficios para las empresas catalanas a creación de empleos.

En base a los datos del modelo input-output elaborado por el Instituto de Estadística del propio gobierno catalán, puede cuantificarse que las compras del resto de España generan en Cataluña 
54.494 millones de euros anuales en riqueza (en gran medida, en beneficios de las empresas catalanas), es decir, unos 7.200 euros por catalán y año.

A nivel de puestos de trabajo, las compras del resto de españoles generan en Cataluña 
973.000 empleos, lo cual representa un 27% del total del empleo existente en Cataluña. En otras palabras, 1 de cada 4 puestos de trabajo en Cataluña dependen del resto de España. Por sectores destacan los 333.000 empleos en el sector comercio, los 235.000 de la industria o los 144.000 en diversas actividades profesionales.

En caso de una hipotética 
secesión de Cataluña y consiguiente ruptura con su principal mercado, tendría notables efectos negativos sobre la producción, el valor añadido y el empleo de la economía catalana. En ocasiones se presenta a la secesión de Cataluña como si no tuviera ningún efecto sobre las relaciones comerciales con el resto de España (“si nos compran ahora, nos comprarán después”). Sin embargo, no existe ni un solo caso de secesión a nivel mundial que no haya afectado al comercio.

Los estudios realizados a nivel internacional concluyen que la aparición de una nueva frontera política conlleva una caída entre el 33% y el 66% sobre el comercio bilateral existente con anterioridad a su creación, como consecuencia del conocido border effect o 
efecto frontera. Ello implicaría en promedio para Cataluña una pérdida de 27.000 millones de euros en riqueza anual (en buena parte en menores beneficios de las empresas catalanas) y 486.000 puestos de trabajo.

El estudio también analiza la aportación del resto de España a la 
financiación de la economía catalana. En este sentido, las estadísticas del Banco de España muestran que Cataluña concentra más del 18% de los préstamos del sector financiero español pero solo el 15% de los depósitos del sistema. Ello implica que una parte sustancial de los créditos emitidos en beneficio de los ciudadanos y empresas de Cataluña se financian con los depósitos del resto de España.

A nivel de valoración de los datos expuestos, Convivencia Cívica Catalana considera que el tristemente famoso “España nos roba”, creado por políticos nacionalistas con el objetivo de crear resentimiento contra el resto de españoles para obtener un beneficio político en Cataluña, debería transformarse en un “
España nos enriquece”. No parece adecuado calificar de “ladrones” a quienes aportan miles de millones de euros a Cataluña en riqueza, beneficios empresariales y creación de empleo.


El dosier de prensa puede descargarse aquí.

Nuestro rechazo al referéndum ilegal y sin garantías democráticas del 1-O




Convivencia Cívica Catalana (CCC), como entidad de la sociedad civil de Cataluña, manifiesta su total rechazo al referéndum ilegal y sin garantías democráticas impuesto por los políticos secesionistas.

La clase política nacionalista lleva ya varios años instalada en su obsesión por quedarse con todo el poder en Cataluña, empeñada en montar un estado donde ellos lo controlen todo y la masiva corrupción política que les ha afectado en los últimos años cuya máxima expresión ha sido el caso del 3% quede impune.

Estamos presenciando, en definitiva, la huida hacia adelante de una auténtica “casta política”, que lleva gobernando Cataluña desde hace décadas, para escapar de la legalidad y del estado de derecho.

Quieren hacerlo además haciéndose pasar por supuestos “demócratas”, por medio de un referéndum sin ninguna garantía, donde la sindicatura electoral es nombrada por ellos, donde el recuento de votos es efectuado por quienes ellos nombren, con instituciones y recursos públicos volcados únicamente en la opción que ellos defienden.

El referéndum propuesto por los separatistas no cumple ni una sola de las condiciones de la Comisión de Venecia, organismo que a nivel europeo regula la realización de referéndums. 

Digámoslo claramente: el único objetivo de este “pseudoreferéndum” sin ninguna garantía de legalidad ni imparcialidad es dar una “apariencia democrática” a lo que es un auténtico golpe de estado de unos políticos que pretenden hacerse con el control absoluto de un territorio saltándose las leyes vigentes.

Queremos también subrayar que la exigua mayoría separatista en el parlamento autonómico catalán se sustenta en que los sufragios “pesan” diferente en función de la zona de Cataluña. Si los votos valiesen lo mismo en todo el territorio catalán, los partidos separatistas no tendrían mayoría parlamentaria. Todo ello pone aún más en duda si cabe la legitimidad del abusivo rodillo parlamentario que han impuesto y también de sus aspiraciones.


Convivencia Cívica Catalana considera que, dada la actitud irresponsable del separatismo catalán, vulnerando el marco legal, burlándose de la Justicia y pisoteando los derechos de la oposición democrática, el gobierno central debe tomar cartas en el asunto poniendo en marcha las medidas oportunas, incluyendo la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución, para requerir al gobierno de Puigdemont al cumplimiento de la legalidad con objeto de restablecer la estabilidad política en beneficio de la sociedad y la economía catalanas.


La radicalización de la clase política gobernante en Cataluña llamando a saltarse la legalidad y creando una profunda fractura en la sociedad genera, como es lógico, preocupación en muchos ciudadanos catalanes y también del resto de España.

La hipotética secesión que amenazan llevar a cabo traería consigo la fractura de numerosos vínculos sentimentales con el resto de España y unas graves consecuencias económicas derivadas de la ruptura con el principal mercado de las empresas catalanas, que es el resto de España, y la salida de la Unión Europea, que representa el 80% de las ventas de la economía catalana.

Ante esta aventura irresponsable a la que se nos quiere llevar Convivencia Cívica Catalana quiere expresar desde Barcelona su compromiso con la legalidad, con el estado de derecho, con la convivencia y con la unidad de todos los ciudadanos españoles.

Resultados del Sistema de Financiación Autonómica

Cataluña es la comunidad autónoma que recibe más recursos del modelo de financiación autonómica, con 20.134 millones de euros. Le siguen Andalucía con 19.680 millones, la Comunidad de Madrid con 15.000 millones y la Comunidad Valenciana con 11.248 millones. Así se desprende de los resultados definitivos del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2015, dados a conocer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en este mes de julio.

En términos per cápita, ocho comunidades autónomas reciben recursos del sistema por habitante superiores a la media (Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cataluña) mientras que otras siete (Castilla La Mancha, Baleares, Andalucía, Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia) se sitúan por debajo de ella.

Sólo dos autonomías son contribuyentes netas al sistema: la Comunidad de 
Madrid y Baleares. El resto de comunidades reciben del sistema una contribución positiva. Los resultados del vigente modelo de financiación autonómica, cuya negociación tuvo lugar en 2009 por el gobierno de Zapatero con el entonces tripartito catalán, muestran un cierto sesgo positivo hacia Cataluña en detrimento de otras autonomías como Madrid o Murcia.

El análisis realizado por Convivencia Cívica pone especial énfasis en un aspecto poco conocido: el modelo actual de financiación autonómica establece un plus de financiación para las autonomías con una 
lengua cooficial. Se trata de un aspecto ciertamente llamativo y que algunos analistas consideran hasta cierto punto discriminatorio. En concreto, debido a las negociaciones con ERC se incluyó en el sistema de financiación autonómica una partida de más de 230 millones de euros de financiación extra para las autonomías bilingües. El supuesto objetivo era coadyuvar a la ‘normalización lingüística’. El gobierno de Cataluña ingresa la mayor parte de esta financiación extra anual, con el 41% del dinero repartido, seguido por el valenciano con un 26% del total. 

Convivencia Cívica Catalana considera a nivel global que el sistema actual de financiación autonómica es un modelo 
complejo, con un elevado grado de arbitrariedad en la distribución de los recursos entre autonomías y en el que no se incentiva la responsabilidad en el ejercicio del gasto autonómico. 

Con vistas a la revisión del modelo de financiación autonómica, que debería llevarse a cabo próximamente, se propone un sistema 
cohesionador con visión de Estado, despolitizado, que asegure el buen uso del dinero recibido, favorezca la racionalización y la austeridad en el gasto y converja hacia un modelo único para todas las autonomías, incluyendo al País Vasco y Navarra.

Más información sobre todo ello puede consultarse en el dosier de prensa en este enlace.

Análisis de la competitividad de Cataluña

La Comisión Europea sitúa a Cataluña entre las regiones con mejores infraestructuras (viarias, ferroviarias y aeroportuarias) de Europa con una puntuación de 127 referida a un promedio de las regiones europeas de 100. Por encima, por ejemplo, de todas las regiones de Austria, Dinamarca y Finlandia. Así se desprende del Índice de Competitividad Regional de la UE, presentado recientemente y cuyos datos han sido analizados por Convivencia Cívica Catalana.

Desglosadas por tipología, en cuanto a vías de alta capacidad para vehículos (autopistas y autovías), Cataluña supera el promedio de la UE con una puntuación de 101 sobre 100, situándose por encima de varias regiones inglesas, holandesas o francesas como las cercanas de Languedoc-Rosellón (97) y Provenza-Alpes-Costa (93).

En el caso de las infraestructuras ferroviarias, la UE puntúa a Cataluña con un 121 sobre un índice europeo de 100, por encima de regiones alemanas como Baviera (120) u holandesas como Groningen (110).

Por lo que respecta a infraestructuras aeroportuarias, la UE sitúa a Cataluña con un nivel de 145 sobre un promedio de las regiones europeas de 100, valorando a los aeropuertos catalanes por encima, por ejemplo, de los de regiones capitales como Estocolmo (144), Copenhague (142), Berlín (126) o Viena (122).

En su informe sobre competitividad, la Comisión Europea valora también a las instituciones de las diferentes regiones europeas, otorgando a las catalanas una puntuación de 78 sobre un promedio de las regiones de la UE de 100. Ello sitúa a las instituciones catalanas en el tercio inferior europeo en el indicador institucional.

Se trata ciertamente de valores bajos para una región con un cierto nivel de desarrollo. Por ejemplo, la Comisión Europea valora a las instituciones de Cataluña con una nota inferior a las de todas las regiones de Portugal, algunos países de la Europa del Este o territorios de ultramar como la Guayana francesa. La Comisión Europea ha evaluado a nivel institucional tres aspectos: calidadcorrupción e imparcialidad. En los tres ámbitos, Cataluña obtiene peores puntuaciones que las medias española y europea.

Convivencia Cívica Catalana considera que la Comisión Europea desmonta el discurso victimista del nacionalismo catalán sobre falta de infraestructuras. Las deficiencias que puedan existir en la red de infraestructuras catalana –que muchas veces se amplifican para ser utilizadas con un evidente interés político- deben analizarse y resolverse pero, en general, las infraestructuras de Cataluña –más aún desde la incorporación del tren de alta velocidad que une a las cuatro capitales catalanas- se encuentran entre las más amplias, accesibles y desarrolladas de Europa, como pone de relieve la Comisión Europea.

El factor que lastra la competitividad de Cataluña no es, en todo caso, el nivel de unas infraestructuras que están por encima de la media de la UE sino la actuación de unas instituciones que están sensiblemente por debajo de la media europea. La inseguridad e incertidumbre política, la elevada percepción de corrupción en las instituciones catalanas derivada de escándalos como el 3% o el sectarismo político y la falta de imparcialidad en sus concesiones administrativas no son buenas tarjetas de presentación para la competitividad de Cataluña y no han pasado desapercibidas en Bruselas.

El dosier de prensa puede descargarse en este enlace.