Balanzas fiscales dentro de Cataluña

La publicación de las balanzas fiscales dentro de Cataluña, de acuerdo al enfoque de “carga-beneficio” para el último ejercicio con información disponible, el año 2012, permite constatar el significativo déficit fiscal que aplica el gobierno catalán a la provincia de Barcelona mientras las restantes tres demarcaciones, Gerona, Lérida y Tarragona, muestran un saldo de superávit fiscal.

A nivel comarcal, de las cuarenta y una comarcas de Cataluña, seis sufren déficit fiscal mientras treinta y cinco presentan un resultado de superávit fiscal.

Las seis comarcas catalanas que muestran un saldo fiscal deficitario están situadas geográficamente en torno a la ciudad de Barcelona. Son, en concreto, el Barcelonés, el Vallés Occidental, el Bajo Llobregat, el Maresme, el Garraf y el Vallés Oriental. En estas comarcas, los ciudadanos y empresas pagan al gobierno catalán un porcentaje de ingresos superior al de gastos recibidos.

Así, por ejemplo, de cada 100€ que los ciudadanos de la comarca del Barcelonés pagan en impuestos al gobierno catalán, 32€ no retornan a la comarca ya que son destinados por el ejecutivo catalán a otros territorios.

El estudio pone de relieve que, como cabría esperar, el gobierno catalán ejerce una labor muy relevante de redistribución territorial y transferencia de flujos de solidaridad dentro de Cataluña, desde las zonas más dinámicas económicamente a las menos dinámicas, de manera similar al gobierno español dentro de España.

Puede descargarse el dossier de prensa con toda la información en este enlace.

Sociedad Bilingüe, Administración Bilingüe

Convivencia Cívica Catalana valora de forma positiva las sentencias dadas a conocer por el Tribunal Supremo (TS) en que anula una parte sustancial de los reglamentos lingüísticos de las diputaciones de Lérida y Gerona por no respetar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

Por una parte. la Justicia reafirma su apuesta decidida por el bilingüismo y por “una plena y pacífica convivencia” de nuestras dos lenguas frente a la voluntad de marginar, arrinconar y excluir el español, mostrada de forma clara por ambas diputaciones. 

Por otra parte, el TS establece que una asociación cívica como Convivencia Cívica Catalana puede actuar legítimamente en defensa de los ciudadanos frente a los comportamientos no acordes con la ley de la administración catalana que vulneren determinadas libertades y derechos. Estas sentencias refuerzan, en definitiva, el papel de las organizaciones de la sociedad civil frente a potenciales arbitrariedades y abusos de la administración en Cataluña.

Convivencia Cívica Catalana considera que a una sociedad bilingüe le debe corresponder una administración bilingüe, que respete los derechos de todos, tanto catalanohablantes como castellanohablantes y lamenta la conocida actitud intolerante y excluyente contra la lengua española de las dos diputaciones. Más información puede encontrarse aquí.