Convivencia Cívica Catalana (CCC), como entidad de
la sociedad civil de Cataluña, manifiesta su total rechazo al referéndum ilegal
y sin garantías democráticas impuesto por los políticos secesionistas.
La clase política nacionalista lleva ya varios años
instalada en su obsesión por quedarse con todo el poder en Cataluña, empeñada
en montar un estado donde ellos lo controlen todo y la masiva corrupción
política que les ha afectado en los últimos años cuya máxima expresión ha sido
el caso del 3% quede impune.
Estamos presenciando, en definitiva, la huida hacia
adelante de una auténtica “casta política”, que lleva gobernando Cataluña desde
hace décadas, para escapar de la legalidad y del estado de derecho.
Quieren hacerlo además haciéndose pasar por supuestos “demócratas”, por medio de un referéndum sin ninguna garantía, donde la sindicatura electoral es nombrada por ellos, donde el recuento de votos es efectuado por quienes ellos nombren, con instituciones y recursos públicos volcados únicamente en la opción que ellos defienden.
Quieren hacerlo además haciéndose pasar por supuestos “demócratas”, por medio de un referéndum sin ninguna garantía, donde la sindicatura electoral es nombrada por ellos, donde el recuento de votos es efectuado por quienes ellos nombren, con instituciones y recursos públicos volcados únicamente en la opción que ellos defienden.
El referéndum propuesto por los separatistas no
cumple ni una sola de las condiciones de la Comisión de Venecia, organismo que
a nivel europeo regula la realización de referéndums.
Digámoslo claramente: el único objetivo de este “pseudoreferéndum”
sin ninguna garantía de legalidad ni imparcialidad es dar una “apariencia
democrática” a lo que es un auténtico golpe de estado de unos políticos que
pretenden hacerse con el control absoluto de un territorio saltándose las leyes
vigentes.
Queremos también subrayar que la exigua mayoría separatista en el parlamento autonómico catalán se sustenta en que los sufragios “pesan” diferente en función de la zona de Cataluña. Si los votos valiesen lo mismo en todo el territorio catalán, los partidos separatistas no tendrían mayoría parlamentaria. Todo ello pone aún más en duda si cabe la legitimidad del abusivo rodillo parlamentario que han impuesto y también de sus aspiraciones.
Convivencia Cívica Catalana considera que, dada la actitud irresponsable del separatismo catalán, vulnerando el marco legal, burlándose de la Justicia y pisoteando los derechos de la oposición democrática, el gobierno central debe tomar cartas en el asunto poniendo en marcha las medidas oportunas, incluyendo la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución, para requerir al gobierno de Puigdemont al cumplimiento de la legalidad con objeto de restablecer la estabilidad política en beneficio de la sociedad y la economía catalanas.
La radicalización de la clase política gobernante en Cataluña llamando a saltarse la legalidad y creando una profunda fractura en la sociedad genera, como es lógico, preocupación en muchos ciudadanos catalanes y también del resto de España.
Queremos también subrayar que la exigua mayoría separatista en el parlamento autonómico catalán se sustenta en que los sufragios “pesan” diferente en función de la zona de Cataluña. Si los votos valiesen lo mismo en todo el territorio catalán, los partidos separatistas no tendrían mayoría parlamentaria. Todo ello pone aún más en duda si cabe la legitimidad del abusivo rodillo parlamentario que han impuesto y también de sus aspiraciones.
Convivencia Cívica Catalana considera que, dada la actitud irresponsable del separatismo catalán, vulnerando el marco legal, burlándose de la Justicia y pisoteando los derechos de la oposición democrática, el gobierno central debe tomar cartas en el asunto poniendo en marcha las medidas oportunas, incluyendo la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución, para requerir al gobierno de Puigdemont al cumplimiento de la legalidad con objeto de restablecer la estabilidad política en beneficio de la sociedad y la economía catalanas.
La radicalización de la clase política gobernante en Cataluña llamando a saltarse la legalidad y creando una profunda fractura en la sociedad genera, como es lógico, preocupación en muchos ciudadanos catalanes y también del resto de España.
La hipotética secesión que amenazan llevar a cabo
traería consigo la fractura de numerosos vínculos sentimentales con el resto de
España y unas graves consecuencias económicas derivadas de la ruptura con el
principal mercado de las empresas catalanas, que es el resto de España, y la
salida de la Unión Europea, que representa el 80% de las ventas de la economía
catalana.
Ante esta aventura irresponsable a la que se nos
quiere llevar Convivencia Cívica Catalana quiere expresar desde Barcelona su
compromiso con la legalidad, con el estado de derecho, con la convivencia y con
la unidad de todos los ciudadanos españoles.