De enero a mayo de 2016 la
administración central ha invertido en obra pública en Cataluña
153.9 millones de euros, un
71% más que el gobierno autonómico catalán (90.2 millones). Así
se desprende de los datos de licitación recién publicados por la patronal de
empresas constructoras, SEOPAN.
Por territorios, en las cuatro provincias catalanas la administración central ha invertido en lo que llevamos de 2016 más que la autonómica. Destacan los casos de Gerona, en que la inversión del gobierno central ha duplicado a la de la administración encabezada por Carles Puigdemont y Lérida en que la administración del Estado ha licitado obra pública por un importe ocho veces superior al ejecutivo autonómico.
Los datos publicados para los primeros meses de 2016 corroboran y refuerzan la tendencia ya existente en los últimos años, en que la administración central ha sido la primera administración inversora en obra pública en Cataluña. En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno central ha invertido en la comunidad catalana por un importe de 2.180 millones de euros, un 41% más que el ejecutivo autonómico (1.549 millones).
La inversión en infraestructuras no parece estar entre las prioridades del nuevo ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, quien ha rebajado sustancialmente la inversión en obra pública desde que tomó posesión de su cargo a principios de año.
De enero a mayo de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la cantidad licitada en obra pública en un 61% respecto al mismo periodo del año pasado. El considerable desplome de la inversión en infraestructuras por el nuevo ejecutivo catalán agrava aún más la apatía inversora de los sucesivos gobiernos catalanes en los últimos años.
En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno autonómico de Cataluña ha invertido en obra pública solo 208 euros por habitante, un 32% menos que los 304 euros per cápita invertidos de media por el resto de gobiernos autonómicos españoles.
El informe pone de relieve que en Cataluña existe un grave déficit de inversión en obra pública del propio gobierno autonómico catalán que puede cuantificarse en el último lustro en 1.100 millones de euros.
La recurrente falta de inversión en infraestructuras del gobierno catalán constituye un notable perjuicio para la economía de Cataluña y su competitividad. Resulta sorprendente e hipócrita que una administración que invierte tan escasamente en obra pública acuse a otras administraciones de falta de inversiones.
El dosier de prensa del informe puede descargarse en este enlace.
Por territorios, en las cuatro provincias catalanas la administración central ha invertido en lo que llevamos de 2016 más que la autonómica. Destacan los casos de Gerona, en que la inversión del gobierno central ha duplicado a la de la administración encabezada por Carles Puigdemont y Lérida en que la administración del Estado ha licitado obra pública por un importe ocho veces superior al ejecutivo autonómico.
Los datos publicados para los primeros meses de 2016 corroboran y refuerzan la tendencia ya existente en los últimos años, en que la administración central ha sido la primera administración inversora en obra pública en Cataluña. En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno central ha invertido en la comunidad catalana por un importe de 2.180 millones de euros, un 41% más que el ejecutivo autonómico (1.549 millones).
La inversión en infraestructuras no parece estar entre las prioridades del nuevo ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, quien ha rebajado sustancialmente la inversión en obra pública desde que tomó posesión de su cargo a principios de año.
De enero a mayo de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la cantidad licitada en obra pública en un 61% respecto al mismo periodo del año pasado. El considerable desplome de la inversión en infraestructuras por el nuevo ejecutivo catalán agrava aún más la apatía inversora de los sucesivos gobiernos catalanes en los últimos años.
En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno autonómico de Cataluña ha invertido en obra pública solo 208 euros por habitante, un 32% menos que los 304 euros per cápita invertidos de media por el resto de gobiernos autonómicos españoles.
El informe pone de relieve que en Cataluña existe un grave déficit de inversión en obra pública del propio gobierno autonómico catalán que puede cuantificarse en el último lustro en 1.100 millones de euros.
La recurrente falta de inversión en infraestructuras del gobierno catalán constituye un notable perjuicio para la economía de Cataluña y su competitividad. Resulta sorprendente e hipócrita que una administración que invierte tan escasamente en obra pública acuse a otras administraciones de falta de inversiones.
El dosier de prensa del informe puede descargarse en este enlace.