El informe “Las inversiones en infraestructuras
en España” analiza la actuación en materia inversora
del Ministerio de Fomento en la última década, entre los años 2006 y 2015.
Desde los años 80 España viene realizado un gran esfuerzo en inversión en infraestructuras que ha hecho posible su profunda transformación, convirtiéndola en un país competitivo. Mientras en 1985 el nivel de dotación de infraestructuras por habitante español no llegaba a la mitad del nivel medio de la Unión Europea (46.2%), treinta años después se ha duplicado, situándose en el entorno del 100%.
De 2006 a 2015 el Ministerio de Fomento ha adjudicado obra pública en España por un importe total de 51.273 millones de euros. El esfuerzo inversor del Estado se ha centrado en la última década en las infraestructuras de tipo ferroviario y, en particular, en la construcción de las líneas de alta velocidad (AVE). Ello se refleja en el hecho de que ADIF, el gestor español de las infraestructuras ferroviarias, ha aglutinando casi dos terceras partes (63.5%) de la obra pública adjudicada por las empresas de Fomento.
En cuanto a distribución territorial, Cataluña ha sido la autonomía más beneficiada en la última década por las adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento y sus empresas, con 8.283 millones de euros, el 17.8% del total adjudicado. Le siguen a continuación Andalucía, con el 17% y a mayor distancia Galicia (12.7%), Castilla y León (12.1%), la Comunidad Valenciana (9%) y la Comunidad de Madrid (5.4%).
Los datos de adjudicación de obra pública de la administración central desmienten, en consecuencia, la tesis de un supuesto agravio inversor contra Cataluña en beneficio de Madrid. En ningún año de la última década Madrid ha recibido más obra pública que Cataluña. Y en el cómputo global de 2006 a 2015, la obra pública adjudicada por el Ministerio de Fomento en Cataluña (8.283 millones) triplica a la recibida en la comunidad madrileña (2.514 millones).
El informe también analiza el modelo que sigue el gobierno federal de Alemania en la distribución de sus inversiones públicas entre sus regiones o länder con el objetivo de compararlo con el de España. Como conclusión más relevante puede destacarse que el gobierno alemán prioriza en la distribución regional de sus inversiones factores como la superficie o la población por encima del PIB.
Así, por ejemplo, en Renania del Norte-Westfalia, la potente región industrial que aporta más del 21.5% del PIB alemán, el gobierno federal tan solo invierte el 12.4% de su gasto en infraestructuras viarias. En Baviera, que representa casi el 18% del PIB germano, el estado solo invierte el 15.9% mientras Baden-Württemberg, responsable del 15.1% del PIB alemán, solo recibe el 10.3% de las inversiones.
Es oportuno recordar la exigencia del nacionalismo catalán al gobierno central de invertir en Cataluña en base a la aportación catalana al PIB nacional, obviando otros parámetros como la superficie o la población. El gobierno federal alemán no sigue esa 'regla' e invierte en las regiones con mayor PIB sustancialmente por debajo de ese nivel.
Cabe subrayar que las inversiones en líneas ferroviarias o carreteras tienen, por su propia naturaleza, una gran relación con la superficie de que dispone un territorio. Exigir que Cataluña tenga el 19% de las inversiones españolas en infraestructuras cuando solo tiene el 6% de la superficie de España no parece razonable. En el land alemán de Renania del Norte-Westfalia que aporta más del 21% del PIB germano, ningún dirigente político exige el 21% de las inversiones al gobierno federal sino que aceptan el 12%, conscientes de que la superficie renana es tan solo el 10% de la de Alemania.
Creemos que el gobierno catalán debería abandonar exigencias no realistas y asumir el pragmatismo y la sensatez de la política germana.
Desde los años 80 España viene realizado un gran esfuerzo en inversión en infraestructuras que ha hecho posible su profunda transformación, convirtiéndola en un país competitivo. Mientras en 1985 el nivel de dotación de infraestructuras por habitante español no llegaba a la mitad del nivel medio de la Unión Europea (46.2%), treinta años después se ha duplicado, situándose en el entorno del 100%.
De 2006 a 2015 el Ministerio de Fomento ha adjudicado obra pública en España por un importe total de 51.273 millones de euros. El esfuerzo inversor del Estado se ha centrado en la última década en las infraestructuras de tipo ferroviario y, en particular, en la construcción de las líneas de alta velocidad (AVE). Ello se refleja en el hecho de que ADIF, el gestor español de las infraestructuras ferroviarias, ha aglutinando casi dos terceras partes (63.5%) de la obra pública adjudicada por las empresas de Fomento.
En cuanto a distribución territorial, Cataluña ha sido la autonomía más beneficiada en la última década por las adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento y sus empresas, con 8.283 millones de euros, el 17.8% del total adjudicado. Le siguen a continuación Andalucía, con el 17% y a mayor distancia Galicia (12.7%), Castilla y León (12.1%), la Comunidad Valenciana (9%) y la Comunidad de Madrid (5.4%).
Los datos de adjudicación de obra pública de la administración central desmienten, en consecuencia, la tesis de un supuesto agravio inversor contra Cataluña en beneficio de Madrid. En ningún año de la última década Madrid ha recibido más obra pública que Cataluña. Y en el cómputo global de 2006 a 2015, la obra pública adjudicada por el Ministerio de Fomento en Cataluña (8.283 millones) triplica a la recibida en la comunidad madrileña (2.514 millones).
El informe también analiza el modelo que sigue el gobierno federal de Alemania en la distribución de sus inversiones públicas entre sus regiones o länder con el objetivo de compararlo con el de España. Como conclusión más relevante puede destacarse que el gobierno alemán prioriza en la distribución regional de sus inversiones factores como la superficie o la población por encima del PIB.
Así, por ejemplo, en Renania del Norte-Westfalia, la potente región industrial que aporta más del 21.5% del PIB alemán, el gobierno federal tan solo invierte el 12.4% de su gasto en infraestructuras viarias. En Baviera, que representa casi el 18% del PIB germano, el estado solo invierte el 15.9% mientras Baden-Württemberg, responsable del 15.1% del PIB alemán, solo recibe el 10.3% de las inversiones.
Es oportuno recordar la exigencia del nacionalismo catalán al gobierno central de invertir en Cataluña en base a la aportación catalana al PIB nacional, obviando otros parámetros como la superficie o la población. El gobierno federal alemán no sigue esa 'regla' e invierte en las regiones con mayor PIB sustancialmente por debajo de ese nivel.
Cabe subrayar que las inversiones en líneas ferroviarias o carreteras tienen, por su propia naturaleza, una gran relación con la superficie de que dispone un territorio. Exigir que Cataluña tenga el 19% de las inversiones españolas en infraestructuras cuando solo tiene el 6% de la superficie de España no parece razonable. En el land alemán de Renania del Norte-Westfalia que aporta más del 21% del PIB germano, ningún dirigente político exige el 21% de las inversiones al gobierno federal sino que aceptan el 12%, conscientes de que la superficie renana es tan solo el 10% de la de Alemania.
Creemos que el gobierno catalán debería abandonar exigencias no realistas y asumir el pragmatismo y la sensatez de la política germana.
Puede descargarse el dosier de prensa en este enlace.