El gobierno catalán debe cumplir la legalidad

Una vez más, la Justicia ha puesto de relieve la inconstitucionalidad del sistema de la inmersión lingüística en Cataluña. El Tribunal Supremo, en una sentencia de una gran claridad, ha explicitado que la enseñanza única y exclusivamente en catalán impuesta por el nacionalismo no es aceptable en una sociedad bilingüe como la nuestra.

Como venimos defendiendo en Convivencia Cívica Catalana, a una sociedad bilingüe le corresponde por lógica, por sentido común y por respeto a todos, una escuela bilingüe.

El Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia que nuestras dos lenguas oficiales deben recibir un trato equitativo en la educación, no siendo admisible un sistema monolingüe sólo en catalán como el vigente en la actualidad.

Desde Convivencia Cívica Catalana nos felicitamos por esta sentencia que constituye una buena noticia y un acicate para los que defendemos una educación bilingüe en Cataluña, respetuosa con nuestras dos lenguas y que no margine ni trate como lengua extranjera a ninguna de ellas.

Lamentablemente, el gobierno catalán vuelve con su cantinela habitual tras cada sentencia contraria a sus intereses en el sentido de no acatarla y de mantener el status quo actual.

Estas manifestaciones, proferidas, una vez más, por el señor Mas y la señora Rigau no pueden ser calificadas sino como directa expresión de una concepción antidemocrática del poder que se intenta sustraer al control judicial que obliga tanto a ciudadanos como a políticos.

Convivencia Cívica Catalana considera que el gobierno catalán debe abandonar esta actitud antidemocrática y, en consecuencia, acatar las sentencias de los Tribunales y modificar el actual régimen lingüístico escolar, esto es, el sistema de inmersión lingüística, sustituyéndolo por un modelo de conjunción lingüística, en el que ambas lenguas oficiales sean utilizadas como lenguas vehiculares y de docencia.

Convivencia Cívica Catalana anuncia que en caso de persistir en esta lamentable actitud de no acatamiento de la citada sentencia, tiene intención de querellarse contra el Presidente del gobierno autonómico catalán, Artur Mas y contra la Consejera de Educación, Irene Rigau, por un delito de desobediencia a los Tribunales (art. 410 del Código Penal).

En Convivencia Cívica Catalana pensamos que no es admisible en un Estado de Derecho el incumplimiento reiterado desde hace años de leyes y sentencias, como es el caso del gobierno catalán. Se trata de una falta de respeto a los padres que han ganado los pleitos y, digámoslo claro, de una auténtica tomadura de pelo a nuestro sistema jurídico. 

Las leyes y las sentencias se redactan para ser cumplidas y no para ser guardadas en un cajón ni para reírse de ellas, incumpliéndolas abiertamente. Y quienes así actúan deben saber que su lamentable actitud no les puede salir gratis.